Fuente: El Bboletín. 26-9-17
No han pasado ni dos semanas desde que en una histórica –e histriónica- sesión en el Parlament catalán se aprobara la Ley del Referéndum de independencia y la consiguiente norma de ruptura con el Estado español. Apenas una semana desde que el Constitucional se apresurara a tumbarlas. Cuatro días desde que un acto en Madrid a favor del derecho a decidir a cargo de un colectivo con un poder de convocatoria anecdótico acaparase la atención de buena parte de la prensa nacional. Y parece que hubieran pasado años desde que comenzaron a servirse los platos fuertes de la consulta soberanista en Cataluña. La misma que importa a los catalanes menos que el cambio climático y que es, para el español medio, un problema secundario respecto al paro y la corrupción.
Pero la percepción no es del todo errónea: estos días bien podrían haber sido meses, a tenor de todo lo que pasó mientras mirábamos a Cataluña.
El Banco de España informaba el pasado jueves que, de los más de 54.000 millones de euros públicos inyectados al sector bancario desde 2009, solo se han recuperado unos 3.800. Lo más clamoroso, no obstante, es que el regulador da por perdidos 41.150 millones de euros de todas las ayudas públicas netas a la banca. Y con los millones, el debate sobre las responsabilidades, las culpas y consecuencias de un préstamo que no iba a suponer "ni un euro" público y que ha acabado costando el gasto sanitario de diez años. Pero estábamos ocupados hablado de Puigdemont y Junqueras.
Justo ayer conocíamos el broche a otro de los episodios más oscuros de la crisis económica y bancaria española: la Audiencia Nacional decidió no procesar a la cúpula del Banco de España y de la CNMV por la salida a Bolsa de Bankia hace ahora seis años. El exministro Ángel Acebes no escapará del juicio por su participación en las “múltiples y relevantes falacias contables” de la entidad. Pero se libra del banquillo el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO).
Para quien lleva buscando responsabilidades durante seis largos años, como la plataforma 15MpaRato, no es sino un “peligroso precedente” que abre la puerta a considerar que “los supervisores financieros no tienen responsabilidades” y una vía para borrar de un plumazo los errores personales de “la estafa bancaria”. Pero esto también pasaba mientras la policía suspendía una charla de la diputada de la CUP Anna Gabriel en Vitoria.
Por otro lado, España y Arabia Saudí han sellado un acuerdo para la protección mutua de información clasificada en el ámbito de defensa. Se firmó hace algo más de una semana, pero tendrá validez por un periodo inicial de cinco años y se prorrogará automáticamente por periodos consecutivos de un año, con un país señalado por la oposición y decenas de ONG en defensa de los Derechos Humanos por su implicación en conflictos armados como el que mantiene con Yemen.
El ingrediente clave de la actualidad española tampoco escaseó en la intensa semana de inmersión soberanista: la corrupciónnos brindó grandes titulares, pero quizá habrían sido gigantes de no ser por el independentismo. Hubo tanta confusión que hasta asistimos a una especie de imputación en diferido de uno de los grandes nombres del PP, Alberto Ruiz Gallardón.
Resulta que el exministro de Justicia y expresidente de la Comunidad de Madrid tenía la “consideración de investigado” (nueva figura para el antiguo estatus de imputado) desde hace ocho meses: concretamente desde enero de 2017, por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por el supuesto “desvío de fondos” para comprar en 2001 Inassa, la filial latinoamericana del Canal Isabel II. De por medio, órdenes contradictorias entre juzgados y Fiscalía, y un hombre clave para entorpecer el proceso contra Gallardón: el dimitido jefe de Anticorrupción Manuel Moix.
Mientras discurríamos sobre el artículo 155 se ha quemado la Ciudad de la Justicia de Valencia, Gallardón ha sido imputado en Lezo, la deuda pública de EEUU ha superado cotas históricas y hemos perdido el equivalente al presupuesto sanitario de una década por el rescate bancario, entre otras cosas.
Mientras discurríamos sobre el artículo 155 se ha quemado la Ciudad de la Justicia de Valencia, Gallardón ha sido imputado en Lezo, la deuda pública de EEUU ha superado cotas históricas y hemos perdido el equivalente al presupuesto sanitario de una década por el rescate bancario, entre otras cosas.
Otro de los episodios más inquietantes acaecidos tras el telón catalán ha sido el incendio en la Ciudad de la Justicia de Valencia. El TSJCV suspendió 'sine die' la actividad de los juzgados de la Ciudad de la Justicia tras el fuego que se originó en la segunda planta del complejo, concretamente en el Juzgado de Primera Instancia número 3. Se extendió y provocó daños en los juzgados 1, 2 y 4, también de primera instancia y por tanto no dedicados a expedientes delictivos. Las alarmas sonaron pero no estaban preparadas para dar avisos en fin de semana. La actividad jurisdiccional se paralizó durante días y se investiga el origen de las llamas.
Pero un momento, que hay más: el mismo día que recibimos el mazazo sobre el rescate a la banca se supo que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) anuló en dos semanas multas a grandes compañías por valor de 1.100 millones de euros. Repsol, Telefónica, Orange o Intel, entre otras, se libraron de sanciones millonarias por saltarse las normas de la competencia.
Mientras discurríamos sobre el articulo 155 se produjo otro hito, esta vez a escala mundial: la deuda de Estados Unidos sobrepasó por primera vez los 20 billones de dólares. La crisis de deuda que amenaza al gigante norteamericano y por ende al resto del planeta se ha aplazado, de momento, con la negociación de Donald Trump y los demócratas para dar una prórroga de tres meses a los presupuestos y al techo de gasto del país.
Distraídos con la autodeterminación, apenas dejamos hueco para las advertencias del sistema financiero global: el presidente del Comité de Revisión Económica y de Desarrollo de la OCDE, William White, confesaba hace unos días quepercibe ahora “más riesgos” para la economía global que en 2007, cuando explotó la crisis más severa en el planeta desde la ‘gran depresión’ de los años 30.
Pero no todo iba a ocurrir fuera de Cataluña: también avanza elllamado caso del 3%. Desde que comenzó septiembre el juez ha imputado en la causa por las supuestas comisiones de empresarios a la antigua Convergència al director general de la Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga. En el mismo caso, Anticorrupción ha pedido la retirada de pasaporte al exconseller de Justicia de la Generalitat Germá Gordó, por su presunta intermediación en las mordidas de la trama.
Por último, pero no más impactante, ya que olvidamos ser el segundo país europeo con mayor tasa de paro: entre 30.000 y 40.000 personas salieron a la calle en Linares (municipio jienense de menos de 60.000 personas), exigiendo un futuro para la ciudad con más desempleo de España: afecta al 45% de la población, según el estudio 'Indicadores Urbanos de 2017' del INE.
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