por Antonio Romea, 14 diciembre 2010
La crisis de la Banca en España se debe a una burbuja de especulación formada a partir de la necesidad de compra por parte de los ciudadanos de un bien de primera necesidad: la vivienda.
Unas viviendas que la propia Banca española había sobrevalorado en connivencia con las constructoras desde 1995 al 2009. A ello ayudó el Decreto o Ley del Gobierno Aznar sobre Liberalización del Suelo, que permitió a los Ayuntamientos recalificar suelo no urbanizable y público para entregarlo a promotores y constructores particulares.
Hubo abundantes casos de sobornos por parte de éstos a políticos municipales, cargos públicos y técnicos funcionarios de Ayuntamientos. Algunos casos han llegado a los Tribunales, como en el caso de Marbella, pero la mayoría permanece impune.
Al sobrevalorar los pisos la constructora ganaba más, pues los vendía por más de lo que valían. Y al otorgar hipotecas por cantidades mayores los Bancos ganaban más. Y al hacerse operaciones de compra-venta por un monto mayor, el Estado recaudaba más IVA.
El único perdedor era el comprador, los ciudadanos, que quedaban endeudados de 35 a 50 años, para pagar el piso. Vivienda que se pagaba normalmente entre parejas jóvenes que trabajaban ambos, el salario de uno de ellos se iba sólo en pagar la hipoteca del piso en que vivían.
Así en la época de bonanza económica (1994-2008), el dinero que ganaron los españoles volvió rápidamente a su legítimo dueño, el capital volvió a la Banca. En contraste, la generación anterior, la de sus padres había necesitado una media de sólo 10 años para comprar una vivienda, con el salario únicamente del marido, pues en los años 60 eran pocas las mujeres que trabajaban fuera de casa en España.
Así, en esta espiral especulativa, los precios fueron subiendo de año en año y se hacía creer que comprar una vivienda era una inversión muy rentable, pues aquella se revalorizaba rápidamente y parecía que sin fin. Pero la revalorización tiene un límite y es la oferta.
Al construirse tantos pisos -se calcula que en España hay un millón de viviendas vacias- no podía seguir subiendo su precio, sin embargo los construcctores y Bancos siguieron con ese juego pese a que la oferta empezaba a superar la demanda.
Fue la “burbuja inmobiliaria” (especulación) sobre la cual previno el Banco de España pasado el 2007.
Pero era tarde, además de las jóvenes parejas que se veían en necesidad de adquirir una vivienda para fundar su nuevo hogar, otros españoles también habían creído que las viviendas siempre subirían, que eran un “valor seguro”, y compraron pisos con un dinero que no poseían, pidiendo un préstamo al Banco e hipotecando como garantía la nueva casa.
Su estrategia era alquilarla y pagar con dicho alquiler la hipoteca, logrando poseer en unas décadas dicha vivienda, que suponían sería más cara con el paso del tiempo.
Pero lo que parece que va a ocurrir es lo contrario, que al haber sido comprada sobrevalorada, con el tiempo va a ser más barata de lo que costó y mucho menos de su coste si se le suma el pago o amortización de la hipoteca.
Los Bancos también tienen un problema, pues si nadie compra esas casas y las constructoras no las acaban de construir y vender, nadie podrá devolverles el préstamo concedido para su construcción.
Los Bancos no recuperarán su dinero, y tengamos en cuenta que concedieron préstamos por cantidades superiores al valor real de las viviendas, al valor que van a tener en unos años de seguir la actual tendencia a la baja.
Pero todo eso es una deuda privada, no pública. Es de la Banca, no del Estado español. ¿Hasta que punto es ético convertirla en deuda pública, hasta qué punto debe el Estado, todos nosotros, asumir y pagar las deudas de la Banca? ¿Deben los ciudadanos salvar con privaciones de derechos sociales obtenidos durante décadas sufragar las pirámides especulativas construidas por la Banca? La Unión Europea y sus Gobiernos piensan que sí.
Además el Estado español tiene su propia deuda contraída con Bancos y entidades financieras de todo el Mundo, con el fin de pagar a las constructoras que han realizado obras públicas para el Gobierno, las Autonomías y los Municipios.
Ahora el Gobierno de Zapatero, de conformidad con los criterios de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI está tomando medidas para poder garantizar el pago de ambas deudas, la de la Banca en caso de bancarrota y la que tiene el propio Estado.
Esas medidas tienden a obtener esos recursos de los ciudadanos, consisten en aumentar el IVA al 18%, alargar dos años más el período laboral hasta los 67 años, congelar las pensiones de los ya jubilados, suprimir subsidios a desempleados, el “cheque bebé”,etc... Lo mismo hacen los Gobiernos de Grecia, Italia, Francia, Irlanda... Recortan gastos sociales y con lo que obtienen, pretenden avalar la propia deuda y a la Banca en caso de quiebra, en el caso de España, el Estado garantiza la devolución de hasta 100.000 euros depositados en el Banco a cada ciudadano.
Otra opción es cómo hizo frente a la crisis bancaria el Gobierno islandés, consultando en referendum a su pueblo, y enfrentándose a las presiones de los especuladores holandeses y británicos, quienes después de haber creado la burbuja especuladora pretendían que el garante fuese el Estado islandés y les reintegrase sus capitales, más la rentabilidad de la inversión en préstamos.
El Gobierno y el pueblo de Islandia decidieron que el Estado islandés no debía responder por préstamos, otorgados por los Bancos sin suficientes garantías de retorno.
Curiosamente el Gobierno Británico ha devuelto a sus ciudadanos las cantidades perdidas en los fondos de inversión (especulativos) en Bancos islandeses.
Antonio Romea
